Mientras algunos comerciantes aseguran que están tranquilos porque sus abogados les han informado que el desalojo sólo se puede dar si la Municipalidad de Piura presenta una orden judicial. Otros manifiestan que antes de llegar a la vía judicial se debe agotar la vía administrativa, por lo que esperan que la burgomaestre edil, Mónica Zapata de Castagnino, emita la resolución de alcaldía que dictamine el desalojo para presentar una denuncia e impugnar dicha resolución

Pablo Coarite Apaza, dirigente de Unión de Comerciantes de Veredas Altas (Ucove), indicó que el hecho de que la Municipalidad tenga facultad para dictaminar no les resta a los comerciantes su derecho a la defensa, por eso es que van a agotar el proceso administrativo para lograr anular a resolución de recuperación de áreas públicas. Agregó que en caso de no conseguir un buen resultado, procederán a agotar la vía judicial, y ésta tendrá que dar la orden de desalojo, pero para eso tiene que pasar un buen tiempo. Coarite sostiene que está seguro de que la resolución no se ejecuta inmediatamente, sino que se tiene que dar plazo y no es sólo 72 horas, sino 15 días; después la Municipalidad tiene un plazo de 30 días para responder a las denuncias de impugnación que se presenten, de no hacerlo se puede declarar silencio administrativo. Cabe indicar, según un abogado, que los plazos que señala el dirigente se cumplen, pero sólo en el caso de una propiedad privada, sin embargo este caso se trata de vías públicas y el proceso es diferente. Dijo que esperan que la notificación para la desocupación de las vías públicas, llegue acompañada de la resolución de alcaldía que estipula el desalojo, ya que quieren tener bien en claro por qué los desalojan. “La resolución de alcaldía para saber por qué me están sacando, no simplemente la notificación, eso es lo que estamos esperando”, dijo