La propuesta que presentamos a continuación tiene como objetivo el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades y competencias de los delegados de la sociedad civil y sus representantes en el Consejo de Coordinación Regional (CCR) –instancia orgánica del Gobierno Regional- a fin de propiciar condiciones para que canalicen, procesen y gestionen eficientemente iniciativas y propuestas, en un marco de transparencia y concertación democrática, y hacer viable el actual proceso de descentralización, que considera por primera vez gobiernos regionales elegidos democráticamente y canales de representación y participación de la sociedad civil.

Junto a la asistencia técnica y ciclos de formación se facilitará e impulsará la elaboración y difusión de procedimientos de concertación y participación ciudadana, y de productos e instrumentos de gestión orientados a la formulación, implementación y seguimiento al Plan de Desarrollo y Presupuesto Participativo Regional.

El proyecto se inscribe en el marco de la misión institucional del CIPCA, organización profesional enraizada en Piura, que se propone contribuir a la producción de una visión y un marco institucional que afirme el desarrollo del Perú desde sus regiones y a la construcción democrática desde el fortalecimiento de las instancias más básicas de gobierno .. Promueve debate, produce y difunde información, abre espacios y propone alternativas y opciones responsables, para que los actores regionales participen en la construcción de una región viable equitativa, competitiva e integrada

El proyecto cuenta con el invalorable apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Alboan de España, previstos para los años 2004 y 2005.

Descentralización, participación y gobierno regional

Un rasgo significativo del proceso de descentralización peruana es su vocación participativa. Ésta se ha concretado en el mandato constitucional y legal para que los gobiernos regionales y locales formulen sus planes de desarrollo y sus presupuestos de manera participativa y concertada. La reforma constitucional1 , así como las leyes para la regionalización 2, han introducido instancias y mecanismos de participación de la sociedad civil en el Gobierno Regional.

La creación de los CCR en la estructura orgánica del Gobierno Regional como órganos consultivos y de participación de la sociedad civil asocia por primera vez en la historia del país representación política y representación de la sociedad civil en la formulación de propuestas y la aprobación de determinadas acciones de gobierno. Es el primer signo de un interés nuevo en el Perú para institucionalizar interacciones entre Estado y sociedad civil.

El Reto

El arranque en 2003 del proceso de descentralización y de regionalización en el Perú, después de una década de autoritarismo, desintegración del sistema de partidos e incremento del carácter hipercentralista del país, plantea desafíos difíciles e inéditos al desarrollo democrático, y a la consolidación y eficiencia del nuevo proceso en curso.

De este proceso, que es una demanda histórica en el país, se espera que no sólo dé la oportunidad de generar una alternativa al modelo centralista que ha profundizado la inequidad en el país, sino que, además, contribuya a consolidar la transición democrática. De ahí es que resulta de vital importancia y determinante que la sociedad civil aproveche la oportunidad de contribuir, conjuntamente con la comunidad política, a promover un proceso de descentralización que cumpla con el objetivo esperado.

El Consejo de Coordinación Regional (CCR) es una instancia consultiva de participación ciudadana y de concertación, aprobada por Ley e incorporada en la estructura orgánica del Gobierno Regional. Está integrado por dos estamentos: los representantes de la sociedad civil que han sido elegidos por las organizaciones e instituciones de la región, y los alcaldes provinciales.

La asimetría existente entre los estamentos que conforman los CCR (por un lado 8 alcaldes provinciales –cuadros políticos que disponen de asesores técnicos y de aparatos de gobierno- y 2 funcionarios de la región -su presidente y el secretario técnico del CCR- y por otro 5 personalidades elegidas en función de criterios de equidad 3 por el conjunto de delegados de las instituciones de la región -que han demostrado vida institucional y amplio ámbito de acción-) arriesga distorsionar la finalidad que motiva la creación de dicha instancia.

De los delegados de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil se espera que representen una diversidad de interés y expectativas lo más amplia y plural posible, sin reducirse a los intereses de los grandes grupos de los partidos políticos. Asimismo, deberán comprender a cabalidad su rol, fortalecer sus capacidades para intervenir, y para aprovechar los espacios de participación y concertación que brinda el proceso, conociendo y aplicando instrumentos y procedimientos que contribuyan al cumplimiento del rol que se les asigna. Esta participación deberá caracterizarse por promover relaciones equitativas, especialmente de genero y generacionales, incorporando a la mujeres y a los jóvenes en igualdad de condiciones, contribuyendo a superar las inequidades existentes.

Si esta representación de la sociedad civil no logra un respaldo permanente del conjunto de instituciones que la eligieron y no desarrolla capacidades y competencias que faciliten e impulsen la elaboración y la diseminación de procedimientos democráticos –herramientas de concertación y participación ciudadana y de gestión, tales como plan de

desarrollo y presupuesto participativo- tendrá muchas dificultades para el cumplimiento de su papel y se corre el riesgo de que su participación sea fácilmente reducida a una formalidad, sin ningún impacto; mas aún, si tiene que interactuar con un conjunto de profesionales de la política que tienen detrás todo un aparato de gobierno y de apoyo; su capacidad de representación podría ser incluso pulverizada y deslegitimada .

Complementariamente, resulta imprescindible ampliar al máximo la base social de la representación de la sociedad civil en el CCR y fortalecerla, a través del diseño e implementación de estrategias de difusión y comunicación, permitiendo que sectores mas amplios de la sociedad regional tomen cuenta de las limitaciones, potencialidades y resultados del accionar de su representación en el proceso de descentralización. Esto facilitaría la generación de una plataforma o espacio de encuentro entre representados y representantes de la sociedad civil que permita una mejor y mayor interlocución entre ambos.

En una situación como la planteada se justifica implementar acciones dirigidas a cerrar esta brecha identificada por las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en diversas oportunidades (especialmente en el debate de las normas sobre descentralización –talleres sobre la Ley de Bases para la descentralización y la Ley Orgánica de Regiones-, así como en otros referidos al tema). Esto contribuiría a que la sociedad regional aproveche esta gran oportunidad de involucrarse en un proceso tan importante para el desarrollo del país, en la búsqueda de una alternativa para la gestión del espacio regional y local, con participación especialmente de quienes, pese a su reclamo permanente, han estado al margen de las instancias de decisión.

Piura es una de las pocas regiones que cuenta con relativa experiencia y disposición –incluso anterior al proceso de transición democrática- para concertar y proponer en pro del desarrollo regional y para enfrentar el fenómeno de El Niño. Así, cuenta con plataformas de concertación interinstitucional en las que participan tanto agentes sociales como el sector público: Propuesta Regional, Mesa de Agricultura, Grupo de riegos, Mesa de Lucha contra la Pobreza, etc. Esta disposición de los actores regionales a impulsar y contribuir con acciones que mejoren las capacidades y las condiciones en que se dará la participación de la sociedad civil en el Gobierno Regional, refuerza la pertinencia del Proyecto.

La instancia de participación de la sociedad civil en el Gobierno Regional debe funcionar con eficiencia y democráticamente, ampliando las oportunidades de participación y concertación, de transparencia de la gestión, manteniendo informada a la sociedad, y canalizando y procesando propuestas que configuren comportamientos más cercanos a procesos democratizantes y eficientes de gestión de los espacios local y regional.